América Latina y el Caribe cuenta con algunos de los marcos normativos más avanzados del mundo en materia de reciclaje inclusivo. Perú fue el primer país en aprobar una Ley del Reciclador; Colombia cuenta con jurisprudencia constitucional que reconoce a los recicladores como prestadores del servicio público de aprovechamiento; Brasil incorporó a los catadores en su Política Nacional de Residuos Sólidos.
Sin embargo, el análisis comparado muestra una brecha persistente entre la norma y su implementación. La existencia de una ley no garantiza contratos, ni pago por el servicio ambiental, ni acceso a los materiales.
Tres factores explican los casos con mejores resultados: organizaciones de recicladores con capacidad de negociación, mecanismos de pago claramente definidos y gobiernos municipales con voluntad y presupuesto.
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) aparece como la principal herramienta de financiamiento. Su riesgo es que los sistemas de gestión sean capturados por operadores privados que desplacen a las organizaciones de base.
La Red LACRE propone criterios mínimos para toda política de reciclaje inclusivo: participación de las organizaciones en el diseño, cuotas de material garantizadas, remuneración por servicio ambiental y transición justa ante el cierre de vertederos.
